Informe sobre la Trata de Personas 2018

PANAMÁ: Nivel 2

El Gobierno de Panamá no cumple a cabalidad con los estándares mínimos para eliminar la trata; sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo.  El gobierno demostró haber incrementado sus esfuerzos en comparación con el periodo del informe previo; por ende, Panamá permaneció en el Nivel 2.  El gobierno demostró este incremento en sus esfuerzos al investigar, enjuiciar y condenar a más tratantes; al establecer la Unidad de Identificación y Asistencia a Víctimas para abordar la identificación de víctimas y brindar servicios a las víctimas; y al desarrollar e implementar su plan de acción nacional contra la trata 2017-2022.  Sin embargo, el gobierno no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave.  El gobierno no mejoró sus esfuerzos en la identificación de víctimas ni suministró o asignó fondos para albergues ni servicios especializados en trata.

RECOMENDACIONES PARA PANAMÁ:

Incrementar de forma significativa los fondos para servicios especializados a las víctimas, incluyendo la asignación de fondos al fondo dedicado a la asistencia de víctimas y a organizaciones de la sociedad civil; intensificar los esfuerzos de aplicación de la ley en la investigación proactiva y el enjuiciamiento de delitos de trata laboral y trata de menores, incluyendo casos que involucren a víctimas panameñas explotadas dentro del país; establecer protocolos estandarizados para la identificación de víctimas incluyendo identificación proactiva dentro de las poblaciones vulnerables tales como migrantes e individuos involucrados en la prostitución, procedimientos de referencia, y el reporte de información a la Comisión Nacional; capacitar a los funcionarios -incluyendo los funcionarios de la policía, fronterizos y de migración- sobre procedimientos de identificación y de referencia de víctimas, especialmente entre las poblaciones vulnerables a la trata; ofrecer servicios especializados a las víctimas masculinas; implementar a cabalidad el plan de acción nacional en contra de la trata; enmendar la ley en contra de la trata para que adopte una definición de trata de personas que sea consistente con el Protocolo de Trata de la ONU del 2000; y eliminar la disparidad en las sanciones penales existentes entre la ley de trata y otras leyes que penalizan delitos de trata sexual tales como la explotación sexual comercial de menores. 

ENJUICIAMIENTO

El gobierno incrementó sus esfuerzos de aplicación de la ley.  El artículo 456 del Código Penal no penalizó todas las formas de trata sexual y laboral ya que requería traslado para constituir un delito de trata.  Específicamente penaliza a cualquiera que promueva, lidere, organice, financie, invite o administre mediante cualquier medio de comunicación, masivo o individual, o que de cualquier otra forma facilite el ingreso o la salida del país o el traslado dentro del país de una persona de cualquier sexo para realizar uno o varios actos de prostitución o someter a una persona a explotación, sexual o servidumbre laboral, esclavitud o actividades similares a la esclavitud, trabajo forzado, matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de órganos o adopción irregular, con condenas de 15 a 20 años de cárcel.  Estos castigos fueron suficientemente severos y, en cuanto a trata sexual, van de acorde con los prescritos para otros delitos graves, tales como violación carnal.  De forma inconsistente con la ley internacional, la ley estableció que el uso de la fuerza, el fraude y la coerción son factores agravantes y no elementos esenciales del delito.  La ley define la trata de personas de una forma amplia que incluye la adopción ilegal sin que el propósito de la misma sea la explotación y la explotación laboral.  Los oficiales panameños continuaron investigando y enjuiciando casos de trata que no involucraban el traslado de personas como otros delitos, tales como explotación sexual comercial.  Por ejemplo, el gobierno acusó a algunos tratantes que sometieron a menores a explotación sexual conforme a estatutos de explotación sexual comercial de menores, los cuales conllevan una condena menor.  El Artículo 180 penalizaba la prostitución de menores con sanciones de cuatro a seis años de prisión y una multa de 5200 balboas ($5200). El Artículo 186 penalizaba, con cinco a ocho años de prisión, la adquisición de actos sexuales comerciales que involucren a un menor. 

Las autoridades iniciaron 18 investigaciones de trata que involucraron a 17 sospechosos, en comparación con siete investigaciones de trata sexual que involucraron a 13 sospechosos en 2016.  El gobierno procesó a 24 sospechosos bajo la ley de trata en comparación con 13 en 2016.  Las autoridades condenaron a siete tratantes – cuatro por trata sexual y tres por trata laboral – en comparación con dos tratantes en 2016.  El gobierno condenó a estos tratantes con 10 a 15 años de cárcel, en comparación con seis a 18 años en 2016. El gobierno no informó sobre ninguna investigación, enjuiciamiento o condena de funcionarios de gobierno cómplices de delitos de trata. Por lo menos 11 investigaciones de trata de periodos de informes anteriores permanecían abiertas.  El gobierno continuó deteniendo a dos individuos por sospecha de trata laboral en un caso del año pasado, en espera de evidencia adicional.  Las autoridades investigaron una operación de trata sexual manejada por personas de nacionalidad china que reclutaban a mujeres venezolanas y que atendían a clientes de habla china en Panamá.

La Policía Nacional de Panamá tenía a 30 oficiales con entrenamiento especializado en investigaciones de trata y colaboró con la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General para investigar casos.  El gobierno desmanteló la subunidad dedicada a crímenes de trata la cual había sido establecida en 2016.  Las autoridades panameñas cooperaron con países de América Central y América del Sur en tres operaciones de trata, lo cual llevó a tres investigaciones y enjuiciamientos.  El gobierno suministró apoyo en especie a organizaciones internacionales las cuales brindaron entrenamiento de trata a los funcionarios, usando un modelo de capacitar a facilitadores el cual alcanzó a más de dos docenas de funcionarios en ocho ministerios.

PROTECCIÓN

El gobierno disminuyó sus esfuerzos en cuanto a protección. El gobierno identificó a 59 víctimas de trata – 57 de trata sexual y dos víctimas de trabajo forzado; 55 víctimas extranjeras y cuatro panameñas- en comparación a 84 adultos que se sospechaba eran víctimas de trata sexual en 2016 (82 extranjeras y dos panameñas).  La Comisión Nacional contra la Trata de Personas estableció la Unidad de Identificación y Protección de Víctimas para abordar la identificación de víctimas y brindar servicios a víctimas, lo cual llevó a la identificación de cuatro víctimas.  Sin embargo, el gobierno no tenía procedimientos sistemáticos para identificar de forma proactiva a las víctimas entre las poblaciones vulnerables, tales como las personas involucradas en la prostitución y los migrantes indocumentados detenidos. El gobierno no implementó las guías para la identificación y protección de víctimas desarrolladas por una organización internacional, aunque el nuevo plan de acción nacional en contra de la trata de 2017 a 2022 incluyó un objetivo relacionado a la implementación de estas guías. Los funcionarios referían a todas las víctimas a la Unidad Técnica para la Atención y Protección de Víctimas y Testigos (UPAVIT), la cual brindó asistencia y protección física a las víctimas, los testigos, y expertos, pero el gobierno no suministró ni brindó fondos para albergues o servicios especializados en la trata.  El gobierno brindó servicios psicológicos y médicos, al igual que transporte a todas las 59 víctimas identificadas y servicios legales a tres de las víctimas.  Las autoridades colocaron a las víctimas en hoteles y cubrieron los costos de los cuartos de hotel o permitían que las víctimas regresaran a su país de origen.  Los funcionarios mantenían seguridad las 24 horas, los siete días de la semana en los hoteles y no permitían que las víctimas salieran del hotel sin escolta, lo cual podría volver a traumatizar a las víctimas. La ley contra la trata estipulaba residencia legal provisional o repatriación para las víctimas extranjeras, pero el gobierno no le brindó estos beneficios a ninguna víctima durante el periodo del informe.  Muchas víctimas escogieron regresar a sus países de residencia o vivir con familiares o amigos en vez de quedarse en hoteles, lo cual potencialmente limita el apoyo a la víctima o el testigo en los casos de trata pendientes.

El gobierno no dedicó fondos para los esfuerzos en contra de la trata de personas y no asignó suficientes recursos para la atención de víctimas.  El gobierno utilizó cuartos especialmente diseñados para entrevistas que separan a las víctimas de trata de la sala de audiencias, permitiéndoles rendir su testimonio en privado con el fin de minimizar el riesgo de re victimización durante el proceso judicial.  El gobierno aprobó el diseño y la construcción de un albergue dedicado para víctimas de trata realizado por una organización internacional.

UPAVIT implementó protocolos para proteger a víctimas durante el proceso judicial.  Ninguna víctima brindó asistencia durante el proceso legal en el periodo del informe.  Si bien las víctimas podían presentar una demanda civil en contra de los tratantes, ninguna víctima lo ha hecho.  El gobierno continuó implementando de forma parcial una ley del 2013 que requiere que cualquier activo confiscado que fuese derivado de actividades de trata de personas sea asignado a servicios para las víctimas de trata. El gobierno no brindó asistencia de repatriación a sus propios ciudadanos identificados como víctimas de trata en el exterior.  Si bien no hubo informes de que las víctimas fueran penalizadas por actos ilícitos cometidos como resultado directo de haber sido sujetas a la trata, esfuerzos insuficientes para identificar si hay indicadores de trata pudiera haber llevado a que algunas víctimas fueran penalizadas.

PREVENCIÓN

El gobierno incrementó sus esfuerzos de prevención.  El gobierno con asistencia técnica de organizaciones internacionales desarrolló e implementó su plan de acción nacional contra la trata 2017-2022 el cual aborda prevención, asistencia y protección a víctimas, enjuiciamiento, cooperación internacional y monitoreo.  La Comisión Nacional Contra de la Trata se reunió nueve veces durante el periodo del informe y contrató a personal dedicado para monitorear e informar sobre el progreso hacia el plan de acción.  Panamá asumió la presidencia de la Coalición Regional Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes lo cual resultó en un plan estratégico regional en contra de la trata y una guía para repatriación de víctimas. El gobierno trabajó con una organización internacional para actualizar el Protocolo Multilateral para Intercambio de Información en las Áreas Fronterizas, un mecanismo de intercambio de información para que las autoridades en la región compartan información sobre los casos, incluyendo trata.  La comisión brindó a los jueces material en contra de la trata de personas y aprobó para sus miembros la facultad de invitar a otras instituciones a reuniones sobre coordinación de servicios a víctimas.  Las instituciones gubernamentales de forma individual utilizaron sus propios fondos para realizar eventos, programas de radio, conciertos, marchas, una campaña en los medios sociales y conferencias de prensa para promover concienciación.  Las leyes y regulaciones nacionales autorizaron la revocatoria de las licencias de reclutadores fraudulentos y de honorarios de reclutamiento, pero el gobierno no informó haberla aplicado.  El gobierno no realizó esfuerzos nuevos para reducir la demanda de trabajo forzado y de actos sexuales comerciales.  Panamá penalizó el turismo sexual infantil, pero no enjuició ningún caso.  La Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual continuó su campaña en contra la explotación sexual de menores – incluyendo trata sexual de menores- en colaboración con las autoridades de turismo, lo cual llevó a mayor conciencia entre los profesionales del turismo y las autoridades realizaron 41 inspecciones de hoteles.  El gobierno suministró capacitación para combatir la trata de personas a su personal diplomático. 

PERFIL DE TRATA

Como se ha reportado los últimos cinco años, Panamá es un país de origen, tránsito y destino para hombres y mujeres sujetos a la trata sexual y el trabajo forzado.  Los menores son sujetos a trabajo forzado, particularmente la servidumbre doméstica, y la trata sexual en Panamá.  La mayoría de las víctimas de trata identificadas son extranjeras adultas explotadas en la trata sexual, especialmente mujeres de América del Sur y América Central.  Sin embargo, los tratantes también explotan a individuos panameños en la trata sexual en Panamá y en el Caribe y América Central y América del Sur.  Los tratantes explotaron a individuos transgénero en la trata sexual debido en parte a mayor vulnerabilidad por la discriminación a la que son sujeto y la alta demanda por los servicios de esta población.  Algunos hombres y mujeres de América Central que transitan por Panamá en ruta al Caribe o a Europa son sujeto a la trata sexual o el trabajo forzado en sus países de destino.  Los tratantes también explotan a hombres de América Central y América del Sur y chinos mediante trabajo forzado en la construcción, la agricultura, la minería, los restaurantes, las ventas puerta a puerta y otros sectores utilizando la servidumbre por deuda, las promesas falsas, el desconocimiento del proceso de refugio y la condición de irregularidad, las restricciones al movimiento y otros medios.  A diferencia de años pasados, la policía informó que los tratantes obligaron a las víctimas a consumir drogas ilegales como medida de coerción.  Se ha investigado a hombres estadounidenses por turismo sexual infantil en Panamá.